El abogado penalista y el abogado de incapacidad, actores imprescindibles en nuestro ordenamiento jurídico

Las estadísticas así lo demuestran. A lo largo de toda una vida conviviendo en sociedad es prácticamente imposible que no entremos en algún momento en conflicto, por las razones que sean, con la ley. Ya seamos víctimas o los que cometamos un delito más o menos grave, con conciencia o por desconocimiento, la contratación de los servicios de la abogacía.

Posiblemente, las acciones que cubre el abogado penalista, sea en las que más temamos vernos involucrados, por eso es imprescindible contar con un profesional como el del reseñado enlace, un abogado ubicado en Bilbao, pero que cubre a clientes repartidos por toda Vizcaya, colocándose como referente en calidad y éxitos, servicios y precios en todo el País Vasco.

Para que sepamos en qué casos debemos recurrir a él, tenemos que saber que un abogado penalista es un auxiliar de justicia, que como objetivo principal tiene el defender a las personas morales ante los tribunales por las supuestas infracciones que hubieran podido cometer y que estén relacionadas con el Código Penal.

El abogado penalista representa el alegato, que no es otra cosa que el discurso de exposición ante un tribunal de justicia de las razones que servirán como fundamento al derecho del defendido e impugna, es decir, desmiente, las razones del adversario. Es por esto que un abogado penalista debe ser un experto en el dominio de las palabras.

Este profesional actúa dentro del ámbito del derecho penal, que es por definición el conjunto de normas que rigen una sociedad, actúa, por lo tanto, ayudando en la resolución de los conflictos que puedan surgir dentro de ella. Busca el respeto total a los bienes jurídicos que protege, prohibiendo conductas que impliquen un daño o una lesión a este bien.

El procedimiento penal está basado en la comisión de los delitos, que es el nombre con que se conoce a la ejecución de una acción prohibida por la ley por su consideración de gravedad. El abogado penalista acompañará al acusado desde el momento de las detenciones y ya dentro de cada proceso actuará con la presentación de los escritos necesarios para solicitar diligencias de investigación y podrá pedir el sobreseimiento de la causa (suspensión del proceso por falta de causas que justifiquen la acción de la justicia). También se incluye, dentro de sus capacidades, la acusación o la defensa en el momento que el proceso lo estime oportuno, y se basará en el código deontológico para defender al cliente.

El abogado de Incapacidad

Así como la existencia y la validez del abogado penalista son ampliamente reconocidas, cuando hablamos del abogado de incapacidad muchos fruncen el entrecejo porque, posiblemente, nunca han oído hablar de él. Sin embargo, este profesional es de vital importancia para tramitar y representar casos de gran invalidez o de incapacidad total ante un juez.

Un abogado especializado en estos temas, que esté cualificado para tramitar una incapacidad, debe saber reconocer la situación patológica que tiene su cliente y saber trazar las líneas maestras de una estrategia que consiga el éxito en el juicio.

Si este puede ser tu caso, debes saber que la Seguridad Social debe reconocer la incapacidad que se posea, ya sea esta parcial, total, absoluta o de gran invalidez. Para ello se debe presentar un escrito solicitando su reconocimiento al INSS, es decir, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, y esperar su respuesta.

Si por algún motivo se deniega o el grado que se ha decidido no es que creemos que debería de ser, entonces se procederá a presentar los recursos necesarios, para lo que necesitaremos la intervención de un abogado especializado en estas lides, un profesional que sabrá cómo presentar los mencionados recursos, además de estudiar a fondo las posibilidades que se tienen para plantear con éxito las alegaciones por vía judicial y que, definitivamente, se reconozca el tipo de invalidez que se tiene.

Como cabe suponer, será dentro de las empresas o en los horarios laborales donde ocurran con mayor frecuencia los accidentes que puedan derivar en algún tipo de incapacidad, ya sea esta permanente o temporal. Dentro de la categoría de incapacidad permanente, la reglamentación existente vuelve a realizar una nueva división; la incapacidad permanente parcial para la profesión habitual o IPP, la Incapacidad permanente total para la profesión habitual (IPT), la incapacidad permanente absoluta para cualquier trabajo o profesión (IPA) y la Gran invalidez (GL).

El autónomo, el eterno desprotegido

Es vox populi que existe maltrato hacia los autónomos en este país, y no solo por las elevadísimas cuotas que tienen que pagar y para las que no existe comparación en ningún otro país del entorno. Pero no es lo único que diferencia a este tipo de trabajador de cualquier otro contratado por cuenta ajena.

Para que el autónomo sienta que se defienden sus derechos, lo mejor es confiar en una asesoría especializada en autónomos, como la que se localiza en Castellón y a la que podemos acceder a través del enlace reseñado en este párrafo. El equipo multidisciplinar de los asesores Castellón están considerados como los más preparados de esta zona mediterránea para solucionar los problemas derivados de las áreas fiscal y contable, pero también para mantener la contabilidad diaria y ofrecer los resultados contables anuales, como apoyo indispensable para proveedores y para que no tengamos ningún contratiempo en relación al pago de impuestos y tributaciones.

Así mismo, están plenamente capacitados para asesorarnos en los casos que pudieran derivar en una posible incapacidad por trabajos realizados, especialmente importante cuando se trata de una incapacidad permanente ya que, como sabemos, para conseguir este grado y acceder a la prestación, esta depende del tipo de cotización al que se haya optado en el alta de autónomo.

Esta incapacidad se da en los casos en los que el trabajador, tras haber estado sometido a un tratamiento, sigue presentando reducción anatómica y / o funciones denominadas graves, que sean susceptibles de determinación objetiva y que previsiblemente sean definitivas, y además se certifique que son irreversibles, disminuyendo o anulando por completo su capacidad para el trabajo. La valoración de esta situación estará a cargo del Equipo de Valoración de Incapacidad (EVI).