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Tras la huelga

 

El pasado abril cientos de trabajadores y trabajadoras precarizadas de la multinacional Telefónica se unían y se levantaban para luchar por sus derechos. Lo hacían con la fuerza y el motor de una asamblea unida y comprometida.

Una huelga cuyo balance, en palabras de las trabajadoras, fue positivo en general. Pero más allá de la mejora conseguida en las condiciones laborales, esas trabajadoras consiguieron hacer visible la situación de precariedad que se vive a día de hoy en muchas empresas y como, detrás de una multinacional, se esconde todo un mundo de trabajo basura, subcontratado y donde las trabajadoras son solo una pieza más para aumentar la tasa de beneficios.
No es una situación puntual. La cara de la precariedad es una mujer joven migrante, pero tenemos que decir que, en general, a día de hoy en Euskal Herria los datos son abrumadores: el 90% de los contratos son temporales, pero es que además casi la mitad duran menos de un mes; la tasa de paro juvenil supera el 40%. La amenaza del paro se convierte en un buen látigo para hacer callar ante la precariedad.
Ante esto, la korrika precaria, Correscales, que recorrerá 800km entre Bilbo y Barcelona, viene una vez más a hacer visible esta situación que estamos padeciendo. Viene a construir puentes entre las trabajadoras más precarizadas. Viene a decir que se puede dar la vuelta a esta situación que, saliendo a la calle y poniendo en práctica la solidaridad y el apoyo mutuo desde los sectores populares, se pueden cambiar muchas cosas.
Es algo que hay que hacer porque, tristemente, las políticas desarrolladas por nuestras instituciones, Ayuntamiento y Diputación, han ido en la dirección contraria a la lucha contra la precariedad. Son de sobra conocidas las penosas condiciones laborales que se han dado en algunas de las obras públicas más relevantes de nuestro territorio histórico (San Mamés, Supersur...), por no olvidar los miles de accidentes laborales que año tras año se dan en todos los sectores laborales. Una precariedad en la que ha tenido mucho que ver externalización y privatización de los servicios.

A este nuevo modelo lo llaman "gestión público-privada". Es decir, con el dinero de todos, se precarizan servicios y empleos para que se forren unos pocos. Eso es algo que tiene que cambiar.

Si las administraciones públicas establecieran condiciones en los pliegos de contratación y en concursos para la adjudicación de contratos (cláusulas sociales) se evitarían los desmanes y abusos de las empresas licitadoras.

Es una obligación tomar parte y ser parte en la batalla. Hay que cerrar el paso a las leyes liberales que permiten perpetuar condiciones laborales como las que se denunciaron en Movistar.

 

Alba Fatuarte, concejala de EH Bildu Bilbo

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