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La actitud del Ayuntamiento de Bilbao ante los desahucios

La muerte de José Antonio Diéguez Garcia en Bilbao el pasado 6 de marzo ha vuelto a poner de manifiesto la incapacidad de las instituciones para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada que toda la ciudadanía tiene. Aunque se trata de un derecho y necesidad de primer nivel, recogido por los diferentes ordenamientos jurídicos vigentes, en Euskal Herria, actualmente, la vivienda se ha convertido en un lujo y cada vez son más las personas que se ven en una situación límite. Sólo en Bilbao se llevaron a cabo 454 desahucios en 2012, con lo que eso implica. 454 familias en la calle. Dónde, y en una ciudad en la que, según datos oficiales del propio ayuntamiento, hay nada más y nada menos que 15.567 viviendas vacías.


El fallecimiento de José Antonio Diéguez ha evidenciado no sólo la incapacidad de las instituciones más próximas a la ciudadanía de garantizar los derechos más elementales de sus habitantes. La muerte de este vecino de Ibarrekolanda ha constatado también la falta de voluntad del Ayuntamiento de Bilbao para erigirse como firme garante de los derechos fundamentales que asisten a todas las personas que vivimos en esta ciudad.

 

La cuestión de los desahucios preocupa y el Pleno del Ayuntamiento de Bilbao es testigo de ello. Las sesiones plenarias de noviembre y de enero recogían encendidos debates sobre el tema. Al hilo de una descafeinada propuesta del PP, más parecida a un lavado de cara de la formación derechista, Bildu demandaba un compromiso municipal para atajar los desahucios. Nuestra enmienda era clara y buscaba un pronunciamiento municipal lo más amplio posible dirigido a las entidades financieras que operan en nuestro país con el fin de que suspendieran indefinidamente todas las órdenes de desahucios, así como la exigencia al Gobierno español de la modificación de la Ley Hipotecaria, que dicho sea de paso, antes de ser declarada contraria al Derecho de la Unión Europea por el Tribunal de Justicia de la UE, había cosechado ya numerosas críticas desde múltiples sectores jurídicos, dada la indefensión en la que sitúa a la persona afectada. Dicha enmienda recogía a su vez la necesidad de revisar las relaciones económicas, institucionales y de cooperación con las entidades financieras en función de su actitud y dinámica respecto a los desahucios. Asimismo, solicitaba al ayuntamiento su firme compromiso al trabajo en común con los organismos sociales que denuncian y combaten los desahucios, Y en ese sentido, se apuntaba la posibilidad de crear una Comisión municipal mixta cuya labor sería hacer un diagnóstico pormenorizado de los casos susceptibles de iniciar un proceso de desahucio, para inmediatamente después poner a su disposición todos los servicios sociales necesarios para atajar el problema de raíz.

Sin embargo, la enmienda de Bildu no prosperó y el debate volvía al Consistorio en enero, esta vez de la mano del PSOE. Y el PNV, nuevamente, impedía con sus votos la creación de una Comisión Municipal que aborde, desde una perspectiva local, la grave problemática de los desahucios. Al equipo de gobierno que dirige el señor Iñaki Azkuna, por segunda vez, no le interesaba ni lo más mínimo aprobar una moción cuya finalidad era equilibrar el abismo existente hoy día entre entidades financieras y personas. No fue posible ni en noviembre ni en enero. El supuestamente mejor alcalde del mundo no lo quiso.

En este contexto, y ante la cada vez más grave situación, la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao decidió no esperar un minuto más, y ofrecer asesoramiento jurídico gratuito a todas esas personas afectadas. Nuevamente el movimiento social y vecinal se veía en la obligación de llevar a cabo una tarea que, en principio, corresponde y debería haber sido asumida por las instituciones desde el comienzo de la crisis. En solo cuatro jornadas la Federación ha atendido a un gran número de personas afectadas, de las cuales buena parte no son damnificadas por la ley hipotecaria española, sino por un procedimientos de desahucio dentro del servicio de Viviendas Municipales, tal y como nos han informado desde la Federación de Asociaciones Vecinales a los grupos políticos del Ayuntamiento. Y lo que es aun más significativo: muchas de estas personas han llegado hasta el servicio de la federación a través de las asistentas sociales del Área de Acción Social. Esto da muestra de la ineficiente labor del Ayuntamiento en esta materia y deja de manifiesto que las instituciones, y en concreto el Consistorio bilbaíno, no han ajustado todavía hoy por hoy sus servicios a las necesidades sociales de la ciudadanía.

Tras el trágico suceso de Ibarrekolanda, la multitudinaria manifestación que esa misma tarde noche recorría las principales calles del barrio, dejaba en evidencia que la cuestión de los desahucios y las graves y durísimas consecuencias que está generando es una de las mayores preocupaciones de la sociedad.

Desde Bildu queremos poner en valor las palabras lanzadas al finalizar la protesta por el presidente de la Asociación de Federaciones Vecinales de Bilbao quien remarcaba que vistas las dolorosas consecuencias ya no era "hora de declaraciones, ni se asesoramientos, sino de compromisos". Por ello, creemos necesario subrayar que para poner solución a este gravísimo problema social basta con voluntad política. De nada sirve hacer una declaración institucional – después de haber sido insistentemente solicitada por el grupo municipal de Bildu – si no se asumen compromisos serios y reales por parte del Ayuntamiento para garantizar el derecho a la vivienda, no se toman las medidas oportunas para desactivar todas las órdenes de desahucio y no se ponen al alcance de las personas afectadas los medios pertinentes.

La administración tiene una gran responsabilidad de orientación, asesoramiento, mediación y dotación de vivienda en alquiler social, puesto que todas las personas tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Y esa labor no puede dejarse al albur del voluntarismo del movimiento social y vecinal. Por ello, reiteramos, una vez más, la necesidad de la creación de una Comisión Municipal mixta, en la que estén representados los grupos políticos y agentes sociales, que busque alternativas a las familias afectadas por desahucios y estudie iniciativas que puedan aliviar el sufrimiento de las personas afectadas por esta lacra.


Aitziber Ibaibarriaga

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