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Elecciones europeas, ¿en qué nos afectan?

Aunque para muchos ciudadanos el Parlamento Europeo puede parecer algo lejano y que no tiene mucha incidencia en su vida diaria, la realidad es bien distinta. Por eso es imprescindible conocer cómo afectan las decisiones que toman los parlamentarios y parlamentarias europeas en nuestra vida. Y por eso es importante que se facilite a la sociedad en general mucha más información sobre lo qué se decide en su seno, para que su decisión a la hora de optar por una u otra formación política o por unos u otros candidatos, pueda ser más fácilmente tomada.

Lo primero que hay que decir es que el Parlamento Europeo lo forman personas elegidas por sufragio universal en cada uno de los 28 países miembros de la Unión Europea. Cada estado aporta un número de parlamentarios proporcional al peso de su población sobre el conjunto de la población de la Unión. En el caso de España se eligen 54 eurodiputados o eurodiputadas.


Es decir, que se eligen personas procedentes de diferentes países. Pero se eligen también personas que se encuadran en una determinada ideología. En el caso de los socialistas españoles, su candidatura se forma junto a la de los 27 países restantes con un programa único y con un único candidato a Presidente de la Comisión Europea. Programa y candidato que comparten esas 28 organizaciones socialistas y socialdemócratas europeas. Un Presidente de la Comisión que, además –y por primera vez- será elegido por los propios parlamentarios, a diferencia de lo que se venía haciendo hasta ahora, que era elegido por los presidentes de los Estados miembros. O sea, que tendrá más peso en su elección su ideología que su procedencia de un país o de otro.

Pero por centrarnos en lo primero –en lo que realmente nos afecta-, habría que decir que el Parlamento Europeo tiene competencias en casi todos los ámbitos políticos. Pero por destacar alguno citaría a la política agraria, la política energética, el consumo, el medio ambiente, la inmigración o los fondos especiales para ayudar a determinadas regiones o zonas de Europa.

Y dentro de estos ámbitos, podríamos citar, por ejemplo, que toda la normativa medioambiental que los Estados, las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos aprueban y están vigentes en nuestras ciudades, emana de la Legislación Básica Europea que aprueba el Parlamento. Eso quiere decir que la contaminación por tráfico o por actividades industriales, por ejemplo, se regula en base a las emisiones máximas que permite la Unión Europea. Ningún ayuntamiento puede superar esa Legislación Europea. Y por tanto, es el Parlamento Europeo el que establece estos parámetros para nuestro bienestar.

Pero además, recientemente ha entrado en vigor una Directiva (con rango de Ley y, por tanto, de obligado cumplimiento para el resto de las administraciones) que modifica notablemente los procedimientos para abrir un establecimiento que se englobe dentro del sector servicios. Un comercio, un local de hostelería o cualquier otra actividad de las denominadas "inocuas o no calificadas" (las que no precisan de restricciones por razones medioambientales o de otra índole), ya no están sujetas a un procedimiento de autorización municipal previo. Hasta la entrada en vigor de esta Directiva, los Ayuntamientos –en nuestro caso el de Bilbao-, haciendo uso de su potestad para autorizar, podía exigir una solicitud para iniciar una actividad en el sector de los servicios. Y eso le permitía autorizar o no una determinada actividad y regular y poner algunas condiciones para racionalizar estas actividades. Podía, por ejemplo, limitar en base a la distancia entre establecimientos, el número de locales de hostelería en una determinada zona.

Esta Directiva de Servicios, por decirlo de alguna manera, reduce esa capacidad municipal. Y ahora, sólo con el procedimiento denominado de "comunicación previa", cualquier emprendedor o emprendedora, comunica al Ayuntamiento la próxima apertura de un establecimiento y no es necesaria la autorización o licencia expresa para la misma. Y eso cambia radicalmente las reglas de juego y la capacidad municipal para intervenir en el planeamiento urbanístico o en la economía de la villa.

Pero hay más cosas que nos afectan. La legislación de protección a las personas consumidoras y usuarias de servicios, nace también en el Parlamento Europeo. Y las distintas Oficinas Municipales de atención a estas personas, han de acogerse a esas instrucciones de carácter europeo que están en vigor en todos los Estados.

Y finalmente, habría que añadir que otras instituciones europeas como el Banco Central Europeo o el Banco Europeo de Inversiones, rinden cuentas al Parlamento Europeo. Y por tanto, sus decisiones, están bajo el control y la fiscalización de los eurodiputados. Y esto no es poco. Porque el Banco Central Europeo, por ejemplo, fija el euríbor –el índice sobre el que se calculan todas nuestras hipotecas-. Y el Banco Europeo de Inversiones financia en condiciones más ventajosas que la banca comercial las inversiones en infraestructuras y bienes a muchos ayuntamientos.

En conclusión, las decisiones que se toman en Bruselas o en Estrasburgo, aunque parezca que se toman muy lejos, nos afectan a todos y todas y mucho más cerca de lo que pensamos. En la oficina de nuestro banco, en la frutería, en la factura del teléfono móvil o de la luz y en el bar en el que quedamos con nuestros amigos y amigas. Por eso es fundamental elegir bien a los representantes en el Parlamento Europeo. Y ahora, muy pronto, debemos volver a hacerlo. Yo lo haré como siempre, pensando en lo mejor para los bilbaínos y bilbaínas. A eso mismo animo a los lectores.

 

Alfonso Gil
Portavoz PSE-EE del Ayuntamiento de Bilbao

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